Reflexión sobre el descontento social, políticas económicas y la crisis de los adultos mayores.

Hace algunos años escribí un artículo titulado “Los empresarios no van a despedir trabajadores si sube el salario mínimo”. Hoy observamos el desarrollo de esta explosión social. Está centrada en el descontento ciudadano hacia las políticas públicas, las decisiones monetarias del Banco Central, el poder empresarial, la justicia y la gobernabilidad. Especialmente se enfoca en sistemas clave como las pensiones miserables que condenan a nuestros adultos mayores a una vejez indigna.

Este malestar surge del abuso de un modelo conservador capitalista que ha operado sin regulación, dejando atrás cualquier atisbo de justicia social. Mientras los jubilados sobreviven con migajas, las AFP siguen lucrando, y el Estado sigue sin garantizar pensiones dignas.

Año tras año, este modelo ha generado una presión insostenible sobre la sociedad. Si no hay empatía hacia quienes exigen cambios —desde los jóvenes precarizados hasta los abuelos que deben elegir entre comer o comprar medicamentos—, ¿qué se puede esperar?

El reciente cambio de gabinete fue casi una burla. Se anunciaron promesas vacías, pero nada sobre una reforma previsional real que termine con las jubilaciones de hambre. Se controló a la prensa, pero en las redes sociales sigue clamándose por justicia: ¿Hasta cuándo seguirán ignorando a quienes trabajaron toda su vida solo para morir en la pobreza?

Desde hace tiempo he insistido en que este gobierno heredó una bomba de tiempo. Los tres ajustes estructurales propuestos (y nunca aplicados) incluían reformar el sistema de pensiones, tal como recomendaba la OCDE. Pero prefirieron proteger a los grandes grupos económicos, y hoy los resultados están a la vista: abuelos endeudados, familias completas sosteniendo a sus padres jubilados, y una generación joven que ya no cree en el sistema.

Mientras las autoridades hablan de “paz social”, se permiten despidos masivos y se posponen soluciones para las pensiones. ¿Acaso no entienden que una economía sana requiere jubilaciones justas para que los adultos mayores puedan consumir, vivir sin angustia y aliviar la carga de sus familias?

La vejez no debería ser un castigo. Pero en este “país al revés”, quienes lo construyeron con su trabajo son abandonados. Mientras tanto, los responsables de las AFP y los políticos que bloquearon las reformas siguen en sus cargos, impunes.

Si algo ha demostrado este estallido es que la dignidad no se negocia. No habrá calma duradera sin pensiones dignas, sin salarios justos, sin un freno a la codicia empresarial. A los líderes que insisten en ignorarlo, solo queda recordarles: la historia juzgará su complicidad.