Reflexión sobre el descontento social y las políticas económicas

Hace algunos años escribí un artículo titulado “Los empresarios no van a despedir trabajadores si sube el salario mínimo”. Hoy vemos cómo se ha desarrollado esta explosión social, concentrada en el descontento ciudadano hacia las políticas públicas, las decisiones monetarias del Banco Central, el poder empresarial, la justicia, la gobernabilidad, el sistema de pensiones, la salud, la educación, la nueva constitución, la seguridad y tantas otras demandas. Este malestar surge del abuso de un modelo conservador capitalista que ha operado sin regulación, dejando atrás cualquier atisbo de liberalismo con intervención estatal.

Año tras año, este modelo ha generado una presión insostenible sobre la sociedad, lo que inevitablemente desembocó en este estallido. Si no hay empatía hacia quienes exigen cambios —personas que, con solo un poco de sentido común, entienden que el salario mínimo no alcanza para llegar a fin de mes mientras los precios siguen subiendo—, ¿qué se puede esperar?

El reciente cambio de gabinete fue casi una burla para cualquiera con un mínimo de razonamiento. Se anunciaron innumerables promesas para calmar a la población, se controló a la prensa tradicional, pero las redes sociales siguen siendo un termómetro del descontento. Y con razón: es evidente que la mayoría de estas medidas nunca se implementarán bajo este gobierno.

Por eso, el crecimiento prometido no se cumplirá. Desde hace tiempo he insistido en que quien gobernara en este período enfrentaría una tarea durísima, pues el gobierno anterior no aplicó los tres ajustes estructurales propuestos por la entonces presidenta. Esos ajustes —recomendados por la OCDE para reducir la pésima distribución de ingresos en nuestro país— quedaron en el olvido, y hoy pagamos las consecuencias: cuatro años perdidos.

Mientras las autoridades hablan de “paz”, se permite el despido masivo de trabajadores bajo justificaciones empresariales dudosas. Quienes toman estas decisiones no parecen entender que la única forma de reactivar la economía es inyectando capital para aumentar el poder adquisitivo y mover el motor del consumo. Pero vivimos en un país al revés, donde siempre se aprovechan las crisis para castigar a los más vulnerables.

La vejez precaria, la desigualdad rampante y la impunidad de empresarios, banqueros y políticos corruptos han llevado al país a esta situación. Como decía mi abuelo: “La moneda es redonda porque hoy estás arriba y mañana abajo”. Si siguen los despidos, el malestar crecerá. Pero en lugar de soluciones, se proponen leyes represivas como la “ley anti-saqueos” —injusta y superficial—, mientras los delitos de cuello y corbata quedan impunes.

En un país con bajo crecimiento, desempleo alto, inflación descontrolada y poder adquisitivo en caída, estas decisiones solo profundizarán la crisis. A quienes las impulsan, solo puedo decirles: buena suerte. Están cometiendo los errores más graves de sus vidas.