¿Por qué no logramos un país desarrollado?

Introducción

Nuestro país enfrenta paradojas profundas: el crecimiento económico es inestable, la delincuencia crece, la inflación sigue alta y la fiscalización es deficiente. ¿Por qué fallan nuestros gobiernos en resolver estos problemas interconectados? En este ensayo analizaremos los factores estructurales del atraso y los errores recurrentes de la clase política y empresarial, respondiendo al debate simplista de “menos Estado” o “más Estado”. A lo largo del texto apoyaremos nuestras conclusiones en estudios de organismos internacionales y análisis expertos.

Factores estructurales

La desigualdad estructural es una barrera histórica. América Latina es “la región más desigual del mundo” y esa desigualdad es “un rasgo estructural y un desafío fundamental” para el desarrollo (cepal.org). Altas brechas de ingresos, exclusión social y falta de acceso universal a educación y salud erosionan la cohesión social. La CEPAL enfatiza que es urgente “transitar de una cultura del privilegio a una cultura de la igualdad” para avanzar. Sin un sistema educativo de calidad ni políticas inclusivas, la mayoría de la población queda rezagada, limitando el mercado interno y la innovación.

La inseguridad y el crimen son otro lastre estructural. Nuestra región concentra niveles de violencia extremos: con solo el 8% de la población mundial alberga casi un tercio de los homicidios globales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que el crimen violento e inseguridad cuestan alrededor del 3.4% del PIB regional. IMF.org. Estos fenómenos forman un círculo vicioso con la economía: la violencia frena la inversión, reduce el turismo y fomenta la emigración. Además, la inestabilidad macroeconómica (recesiones e inflación elevadas) suele asociarse con mayor criminalidad. imf.org. En conjunto, la pobreza, la exclusión y la violencia deterioran la confianza social y la capacidad productiva, haciendo que sea mucho más difícil alcanzar un desarrollo sostenido.

Errores recurrentes de la clase política y empresarial

Más allá de los factores de fondo, las decisiones equivocadas de líderes políticos y económicos han agravado la situación. En la gestión pública, la falta de continuidad y de visión de largo plazo es evidente. Por ejemplo, se han suspendido proyectos de infraestructura clave y se han recortado rubros productivos esenciales. Coparmex señala que “haber frenado importantes obras de infraestructura, [los] recortes al sector vivienda, turismo y otros rubros sociales, así como el subejercicio del gobierno –dejando de gastar 151 mil MDP–, han frenado el dinamismo de nuestra economía”, resultando en crecimientos cercanos al 0% coparmex.org.mx. Decisiones abruptas –como la cancelación de un nuevo aeropuerto– han minado la certidumbre requerida por los inversores coparmex.org.mx. En pocos años, los proyectos paralizados y el gasto ocioso enterraron años de progreso planeado.

La corrupción y la opacidad también han paralizado el desarrollo. Escándalos como el caso Odebrecht expusieron “los perjuicios que la corrupción puede causar en la inversión pública”, con asignaciones injustas de recursos, sobreprecios y cuellos de botella que frenan el crecimiento económico. blogs.iadb.org. El BID documenta que, por ejemplo, en Brasil la operación Lava Jato detuvo obras por más de 90.000 millones de reales (blogs.iadb.org). Estos enormes bloqueos de inversión pública muestran cómo la falta de fiscalización efectiva desperdicia fondos cruciales. Además, muchas élites empresariales han buscado beneficiarse de privilegios estatales, presionando legislaciones a su favor o huyendo de impuestos, en vez de reinvertir en productividad. Esta simbiosis de intereses privados y públicos –captura del Estado– refuerza la desigualdad y obstaculiza reformas necesarias.

La débiles contrapesos institucionales agravan estos problemas. Informes recientes advierten que el Legislativo opera como “cámara de eco del Poder Ejecutivo” y que los órganos de justicia se alinean excesivamente con el gobierno en turno, coparmex.org.mx. Adicionalmente, se han aplicado recortes presupuestales a instituciones clave de rendición de cuentas (INEGI, Poder Judicial, órganos autónomos, etc.) coparmex.org.mx. Al minar la independencia de cuerpos fiscalizadores, la clase política pierde un mecanismo esencial para corregir sus errores. En suma, la falta de transparencia, la impunidad y el clientelismo han prevalecido cuando debería imperar la evaluación rigurosa de políticas y la sanción al mal manejo de fondos.

Tamaño del Estado: ¿menos o más?

Frente a estos retos, abundan recetas simplistas: hay quienes proponen un Estado “mínimo” y otros un Estado “gigante”. Sin embargo, la evidencia empírica indica que ni una regla ni la otra garantizan desarrollo por sí solas. El BBVA Research analiza seis décadas de datos de países de la OCDE y concluye que “los efectos del tamaño del sector público sobre la renta per cápita o sobre el bienestar social no son cualitativamente diferentes” (bbvaresearch.com). En otras palabras, lo esencial no es solo cuánto gasta el Estado, sino cómo gasta y bajo qué instituciones. Un sector público demasiado pequeño puede dejar desprovistos servicios básicos (salud, educación, seguridad), mientras uno excesivamente grande genera “burocracia ineficiente y costosa, impuestos desproporcionados y recursos malgastados en políticas poco transparentes” bbvaresearch.com. Como destacan Doménech et al., existe un estrecho “corredor” entre un Estado débil y uno hipertrofiado: salirse de ese punto medio pone en riesgo no solo la libertad política, sino también la prosperidad económica bbvaresearch.com.

Por ello, no se trata de aumentar o reducir el aparato estatal ideológicamente, sino de calidad institucional. Si el Estado garantiza el estado de derecho, regula con eficiencia y combate la corrupción, puede ser un gran aliado del progreso. Sin estas condiciones, un Estado grande puede convertirse en fuente de privilegios, y un Estado chico puede resultar incapaz de ofrecer servicios mínimos. En mi opinión, muchos candidatos ignoran que el problema es la gestión del Estado y de la economía, no su mera dimensión. Repetir consignas de “menos Estado” u “oportunidad para la iniciativa privada” sin atender las fallas estructurales (corrupción, desigualdad, escasa inversión en capital humano) es ingenuo.

Conclusión

En definitiva, nuestras autoridades parecen no entender que alcanzar el desarrollo es un reto integral, no un interruptor de encendido/apagado. No basta con recortar burocracias ni con prometer un superestado; se requiere coherencia y calidad en las instituciones. Según la CEPAL, solo erradicando la “cultura del privilegio” y orientando las políticas hacia la igualdad se avanzará realmente. (cepal.org). Para lograr un país desarrollado, se necesita fortalecer la justicia y la fiscalización, invertir en educación y salud, contener la inflación mediante disciplina fiscal y autonomía monetaria, y atacar el crimen con políticas sociales además de fuerzas de seguridad. En mi opinión, el profundo desconocimiento de nuestros líderes es que el desarrollo exige consensos y políticas complejas: más allá de slogans sobre el Estado, lo que funciona es un gobierno profesional, transparente e incluyente. Sin corregir estas fallas estructurales y de gestión, seguiremos dando vueltas en un círculo de promesas incumplidas.

Fuentes: Informes de organismos multilaterales y análisis de expertos documentan estas conclusiones (cepal.org, imf.org, coparmex.org.mx, blogs.iadb.org, bbvaresearch.com), mostrando que el problema no es la cantidad del Estado, sino la calidad de sus políticas e instituciones.