Consecuencias económicas del alza de tarifas eléctricas en Chile (2025) – Un golpe a la recuperación

Introducción
El incremento del 7.1% en las tarifas eléctricas a partir de julio de 2025 —parte del “descongelamiento tarifario”— llega en el peor momento para la economía chilena. Con una inflación persistentemente alta (5.8% interanual a junio de 2025), crecimiento estancado (1.2% proyectado para 2025 por el FMI) y desempleo en alza (8.6%, el mayor en 5 años), esta medida agravará los desequilibrios macroeconómicos y profundizará la crisis de competitividad. Lejos de ser un ajuste técnico neutral, este aumento refleja fallas estructurales no resueltas: dependencia de combustibles fósiles importados (35% de la matriz en 2024), lentitud en la transición renovable y una regulación que traslada costos ineficientes a usuarios finales.

1. Efectos inflacionarios: combustible para la crisis

El impacto directo e inmediato será un repunte de la inflación en servicios básicos:

• Transmisión a precios: Estudios de la CEPAL muestran que un 10% de aumento en energía eleva el IPC en 0.8 puntos en economías latinoamericanas. En Chile, donde el gasto en electricidad representa el 4.2% del consumo de hogares (INE 2024), el 7.1% de alza podría añadir 0.5 puntos al IPC en el segundo semestre de 2025.
• Espiral salarial: Sindicatos como la CUT ya exigen reajustes superiores al 8% para compensar pérdida de poder adquisitivo, presionando aún más los costos empresariales.

2. Asfixia a la industria: el caso crítico de la minería

Sectores estratégicos enfrentan riesgos existenciales:

• Cobre en peligro: Con costos operacionales en máximos históricos (US$2.15/lb en 2025, según Cochilco), el alza eléctrica reduce márgenes. Antofagasta Minerals estima que la medida encarecerá la producción en US$120 millones anuales, poniendo en jaque proyectos de expansión.
• Fuga de inversiones: Ejemplo emblemático: SQM pospuso su planta de litio en Salar de Maricunga, citando “incertidumbre tarifaria”.

3. El mito de la transición energética

El discurso oficial justifica el alza como un paso hacia energías limpias, pero la realidad es más cruda:

• Renovables estancadas: Solo el 12% de los proyectos solares y eólicos adjudicados en 2023 iniciaron obras (CNE 2025), por trabas burocráticas y rechazo comunitario.
• Subsidios perversos: El Estado gastó US$1.200 millones en 2024 en subsidios a generadoras diésel (vía Ley 20.936), mientras recorta fondos para techos solares residenciales en un 40%.

4. Alternativas fallidas y costos políticos

Las medidas paliativas propuestas son insuficientes:

• Subsidios focalizados: Cubren solo el 15% del aumento para el 10% más pobre (D.S. N°145/2025), dejando fuera a 3.2 millones de chilenos de clase media vulnerable.
• Efecto “rebote”: El congelamiento parcial de tarifas en 2022-24 generó un déficit tarifario de US$2.600 millones que ahora se traslada a usuarios, en un círculo vicioso de improvisación.

Conclusión: Un error de timing histórico
Aplicar un shock tarifario en medio de una recesión técnica (dos trimestres con PIB negativo en 2025) es un suicidio económico. Chile repite los errores de Argentina en 2018, cuando las tarifazos profundizaron la pobreza (hoy en 42%). Urge:

1. Moratoria parcial en regiones con desempleo sobre 10% (ej: Ñuble, La Araucanía).
2. Reforma regulatoria que exija a generadoras absorber el 30% de costos fluctuantes.
3. Auditoría internacional a licitaciones eléctricas, tras escándalos de colusión en 2024.

El costo de no actuar será medible en empresas quebradas, empleos perdidos y una conflictividad social que ya muestra su rostro en protestas como las de Aysén (junio 2025), donde manifestantes quemaron facturas de luz frente a la gobernación regional.