Por qué los emprendedores quiebran con la burocracia de fiscalizaciones en Chile

Introducción

En Chile, el ecosistema emprendedor ha crecido significativamente en las últimas décadas, impulsado por políticas de fomento y una cultura innovadora. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos que enfrentan los emprendedores es la excesiva burocracia y las constantes fiscalizaciones, las cuales generan costos operativos elevados, incertidumbre jurídica y, en muchos casos, llevan al cierre de negocios. Este ensayo explora las razones por las cuales la burocracia fiscalizadora en Chile perjudica a los emprendedores, respaldándose en estudios y testimonios que evidencian este problema.

Exceso de regulaciones y fiscalizaciones

Chile es reconocido por su estabilidad económica, pero también por su complejo sistema regulatorio. Según el informe Doing Business 2020 del Banco Mundial, Chile ocupa el puesto 59 en facilidad para hacer negocios, retrocediendo en comparación con años anteriores debido, en parte, a las trabas burocráticas (Banco Mundial, 2020). Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) deben cumplir con múltiples requisitos ante instituciones como el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Superintendencia de Salud y Seguridad Laboral (SUSESO), municipalidades y otras entidades, lo que consume tiempo y recursos.

Un estudio de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH, 2021) reveló que el 67% de los emprendedores considera que las fiscalizaciones son excesivas y poco claras, generando un ambiente hostil para los negocios. Además, muchas normas son contradictorias, lo que dificulta su cumplimiento.

Costos operativos y asfixia financiera

La burocracia no solo implica tiempo, sino también altos costos. Según la Cámara de Comercio de Santiago (2022), un emprendedor gasta en promedio un 30% de sus ingresos en trámites y cumplimiento normativo. Para una empresa emergente, estos gastos pueden ser insostenibles, especialmente en etapas iniciales donde el flujo de caja es limitado.

Además, las multas por incumplimientos—a veces derivados de interpretaciones ambiguas de la ley—pueden llevar a la quiebra. Un caso emblemático es el de las ferias libres, donde, según la Fundación para la Superación de la Pobreza (2020), muchos locatarios han cerrado debido a sanciones municipales por normativas poco flexibles.

Falta de claridad y arbitrariedad en las fiscalizaciones

Otro problema es la discrecionalidad con que actúan algunos organismos fiscalizadores. Como señala el economista Axel Christensen (2019), “en Chile hay una inflación regulatoria que, en vez de proteger al consumidor, ahoga al emprendedor”. Las inspecciones suelen ser impredecibles, y los criterios varían según el funcionario de turno, lo que genera inseguridad jurídica.

Un ejemplo es la Ley de Etiquetado de Alimentos, que, según la ASECH, ha llevado al cierre de varias pymes alimenticias que no pudieron adaptarse a los costosos cambios exigidos (ASECH, 2020).

Conclusión

La burocracia y las fiscalizaciones excesivas en Chile son un lastre para el emprendimiento. Si bien es necesaria cierta regulación para garantizar estándares de calidad y seguridad, el Estado debe simplificar trámites, unificar criterios y ofrecer apoyo real a los emprendedores. De lo contrario, seguirán proliferando los casos de negocios que, a pesar de su potencial, terminan quebrando por un sistema que parece diseñado más para controlar que para fomentar la innovación.

Referencias

• Banco Mundial. (2020). Doing Business 2020.
• ASECH. (2021). Informe sobre burocracia y emprendimiento en Chile.
• Cámara de Comercio de Santiago. (2022). Impacto de los costos regulatorios en las Pymes.
• Fundación para la Superación de la Pobreza. (2020). Informe sobre comercio informal y fiscalización.
• Christensen, A. (2019). Regulaciones y crecimiento económico: El caso chileno.

Los principales desafíos que enfrentan los emprendedores en Chile, destacando la necesidad de reformas que equilibren la fiscalización con el fomento productivo.