El Espejismo del Ingreso Per Cápita en Chile: Una Deconstrucción Socioeconómica de la (In)justicia Social

Introducción: La Paradoja del Promedio

El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de Chile, ajustado por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), se sitúa consistentemente en rangos cercanos a los 35.000 dólares (cifras de 2024), una cifra que lo posiciona como una de las economías más ricas de América Latina y a la par con algunos países de la OCDE. Sin embargo, tal como señala la crítica popular, este dato choca violentamente con la realidad experimentada por la mayoría de la población: un alto porcentaje (el usuario menciona más del 60%) apenas logra llegar a fin de mes, constreñido por salarios que han quedado estancados, un alto costo de vida y una macroeconomía incierta.

Como expertos en el cruce de la economía, la sociología y la antropología, sostenemos que el PIB per cápita es una métrica necesaria, pero profundamente insuficiente y engañosa, para medir la justicia social. Su uso acrítico perpetúa una narrativa de éxito macroeconómico que ignora la injusticia distributiva y la precarización estructural que define la experiencia chilena. La justicia social no se mide por la riqueza agregada, sino por la distribución y las oportunidades.

1. Perspectiva Económica: La Tiranía de la Media y la Fragilidad Macroeconómica

Desde la economía distributiva, el error fundamental reside en confundir la media con la mediana. El PIB per cápita es una media aritmética que, por definición, divide la riqueza total generada por el número de habitantes. En sociedades con alta concentración de ingresos, esta media es exponencialmente distorsionada por las rentas del 1% más rico.

La realidad del ingreso de la fuerza laboral se refleja mucho mejor en la renta mediana. Si el ingreso per cápita bordea los $35.000 (PPA), la renta mediana de los trabajadores es significativamente inferior, evidenciando que la mitad de los chilenos gana mucho menos que el promedio.

Esta disparidad se cuantifica a través del Coeficiente de Gini, que, aunque ha mostrado mejoras en las últimas décadas, se mantiene en niveles altos (alrededor de 0.43 en 2022) en comparación con el promedio de la OCDE. Este valor indica que una porción muy pequeña de la población concentra una parte desproporcionada de la renta nacional (el 10% más rico concentra más de un tercio de los ingresos).

A esto se suman los factores macroeconómicos actuales que exacerban la precaridad de las mayorías:

1. Inflación No Controlada y Persistente: Aunque la inflación ha tendido a la baja, persiste por encima del objetivo del Banco Central (con estimaciones cercanas al 4% en 2024), erosionando el ya limitado poder adquisitivo de los salarios más bajos.
2. Alto Desempleo Estructural: Tasas de desempleo que han oscilado cerca del 8.7% (a mediados de 2024) combinadas con una creciente informalidad, generan una constante presión a la baja sobre los salarios, especialmente en los sectores menos cualificados.
3. Bajo Crecimiento y Productividad: La desaceleración del crecimiento real (proyecciones de 2-3% para 2024) significa que el “pastel” económico no crece lo suficientemente rápido para aliviar la presión distributiva, perpetuando los desafíos estructurales de baja productividad.

2. Perspectiva Sociológica: La Reproducción de la Desigualdad y la Fragilidad de la Clase Media

La sociología de la estratificación examina cómo el sistema económico traduce la desigualdad de ingresos en una desigualdad de oportunidades rígida. En Chile, la alta concentración de la riqueza no solo afecta el flujo de caja mensual, sino que determina el destino social de las personas.

El gran drama social no es la pobreza extrema (que ha disminuido), sino la vulnerabilidad crónica de la clase media. El 60% de la población, pese a trabajar y a veces tener títulos profesionales, depende de salarios que son insuficientes para acceder a los “bienes de la vida moderna” (vivienda digna, educación de calidad, pensiones adecuadas, salud privada en caso de emergencia) sin incurrir en un endeudamiento aplastante.

La desigualdad en Chile se caracteriza por ser estructural. El sistema de previsión, salud y educación, diseñado bajo principios subsidiarios, obliga a las familias a realizar gastos esenciales con cargo a su propio bolsillo. Los salarios insuficientes (mediana baja) se destinan a pagar servicios esenciales privatizados, impidiendo el ahorro, la inversión familiar y, crucialmente, el ascenso social real. En este contexto, el “apenas llegar a fin de mes” es la expresión sociológica de un sistema que garantiza la riqueza del 1% a expensas de la estabilidad del 60%.

3. Perspectiva Antropológica: El “Malestar Social” y la Devaluación de la Experiencia Vivida

La antropología política y económica nos exige ir más allá de los números para analizar la experiencia vivida (habitus) y el significado cultural de la riqueza y la precaridad.

La narrativa de los $35.000 de PIB per cápita, impulsada por las élites, funciona como un “marco de referencia hegemónico” que niega la legitimidad del descontento. Se le dice al chileno de a pie que vive en un país “rico”, lo que genera una doble frustración:

1. Frustración Material: No poder acceder a los estándares de vida prometidos por el nivel de riqueza nacional.
2. Frustración Simbólica: Sentir que su experiencia de lucha y escasez es invalidada por la estadística oficial.

Este quiebre entre la métrica macroeconómica abstracta y la microeconomía de la subsistencia diaria es lo que alimenta el “malestar social” que estalló en octubre de 2019. El estallido no fue una protesta por la pobreza absoluta (medida por las líneas mínimas de ingreso), sino una reacción a la dignidad precarizada y a la percepción de que el sistema económico, a pesar de su alta riqueza agregada, era injusto en su raíz. La antropología revela que el valor de un ingreso no es solo su monto, sino lo que permite hacer y ser en la sociedad. Para la mayoría, el ingreso actual solo permite la reproducción de la precaridad, lo que es la antítesis de la justicia social.

Conclusión: Redefiniendo la Justicia Social

En conclusión, la afirmación de que en Chile hay justicia social basándose en un PIB per cápita de $35.000 es indefendible desde cualquier enfoque serio de las ciencias sociales. El PIB per cápita es un indicador de la capacidad productiva del país, pero no de su capacidad distributiva ni de la calidad de vida de sus ciudadanos.

La evidencia económica demuestra la distorsión del promedio frente a la mediana; la sociología explica cómo esta brecha se consolida en una estructura social rígida y precarizada; y la antropología muestra el profundo costo humano y simbólico de vivir en un estado de vulnerabilidad crónica.

La justicia social requiere métricas que reflejen el bienestar de la mediana (salario mediano, acceso equitativo a servicios sociales) y no solo la riqueza acumulada en la cúspide. La negación de esta realidad por parte de las estadísticas promedio fue, y sigue siendo, una fuente de profundo conflicto en la sociedad chilena.