Hacia un Congreso Fiduciario: Responsabilidad, Alternancia y Sanción como Antídotos a la Partidocracia Chilena

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Hacia un Congreso Fiduciario: Responsabilidad, Alternancia y Sanción como Antídotos a la Partidocracia Chilena

Introducción: La Quiebra del Contrato Fiduciario

La esencia de la democracia representativa reside en un contrato fiduciario tácito: el pueblo, titular de la soberanía, delega temporalmente el ejercicio del poder en representantes elegidos para que sirvan al interés general. En Chile, este contrato muestra signos severos de quiebra. La conversión del cargo parlamentario en una carrera profesional vitalicia, el distanciamiento entre el elector y su representante, y la percepción de una “clase política” autoreferente y ajena a las urgencias ciudadanas, han erosionado la legitimidad de la institución congresual. Este ensayo postula que la solución no reside en medidas paliativas, sino en una reingeniería constitucional que establezca un modelo de “Congreso Fiduciario”, sustentado en tres pilares irrenunciables: la alternancia forzosa, la responsabilidad efectiva con sanción y el vínculo territorial real.

I. El Síntoma: La Perpetuación en el Poder y la Desnaturalización de la Representación

El fenómeno del “congresista profesional” que hace de la política un modus vivendi es la antítesis del servicio público. Cuando un individuo se perpetúa en el cargo por décadas, su lealtad tiende a desplazarse del pueblo que lo eligió hacia los aparatos partidistas, los grupos de interés que financian sus campañas y su propio proyecto de reelección. Esto genera una partidocracia donde la élite gobernante se reproduce a sí misma, obstaculizando la renovación de ideas y liderazgos. El requisito de representatividad exige que el congresista conozca y comparta la realidad de sus representados. La figura del “candidato paracaidista”, impuesto por una cúpula partidaria en un territorio que no habita y desconoce, es una burla a este principio constitucional básico.

II. El Diagnóstico: La Ausencia de Mecanismos Efectivos de Responsabilidad

El sistema actual carece de mecanismos ágiles y contundentes para sancionar el incumplimiento de las obligaciones del cargo. Las herramientas existentes, como las acusaciones constitucionales, son instrumentos nucleares, lentos y de uso predominantemente político, no concebidos para la rendición de cuentas diaria. Un congresista que no legisla, que no fiscaliza, que abandona sus labores en el distrito o que utiliza su investidura para beneficio personal, opera en un vacío de responsabilidad inmediata. El único castigo potencial –no ser reelegido– se ve anulado por el poder de la maquinaria partidaria que lo respalda. Esta impunidad funcional es el caldo de cultivo de los excesos de poder.

III. La Solución: El Modelo del “Congreso Fiduciario”

Para restaurar la esencia representativa, se propone un modelo basado en los siguientes estatutos:

1. Estatuto de Alternancia y Vinculación Territorial:

  • Límite Estricto de Reelección: Reelegibilidad inmediata por un solo período consecutivo en cada cámara. Tras dos períodos, se impondrá una inhabilidad de por lo menos un período (sistema de “sandwich”). Esto convierte el cargo en un servicio temporal, no en una profesión.
  • Residencia Calificada: Exigencia de acreditar residencia efectiva en el distrito o región que se pretende representar, por un mínimo de 5 años anteriores a la elección. La pérdida de esta residencia durante el mandato constituirá causal de vacancia.
  • Inhabilidades Familiares Extendidas: Impidiendo la postulación de cónyuges y parientes cercanos para suceder al congresista en el mismo distrito, acabando con los feudos dinásticos.

2. Estatuto de Responsabilidad y Sanción por Incumplimiento (El “Contrato de Gestión Parlamentaria”):

Este es el pilar central de la reforma. Se debe crear una Ley de Responsabilidad Parlamentaria que establezca obligaciones medibles y sanciones automáticas por su incumplimiento. La figura clave sería un “Defensor del Ciudadano-Congresal”, un órgano técnico autónomo con potestad sancionatoria.

  • Obligaciones Cuantificables (Causales de Sanción):
    • Asistencia Mínima: Un porcentaje mínimo de asistencia a sesiones de sala y comisiones (ej., 85%). Por debajo de ello, sanción automática.
    • Productividad Legislativa Mínima: Presentación de un número mínimo de proyectos de ley, informes de fiscalización o indicaciones sustantivas por período legislativo. No se juzga la aprobación, sino la labor proactiva.
    • Rendición de Cuentas Pública Obligatoria: Realización de un número mínimo de cabildos o asambleas abiertas en su distrito por año.
    • Transparencia Activa: Publicación detallada de su agenda de trabajo, gastos de asignación parlamentaria y reuniones con lobbystas.
  • Régimen Sancionatorio Escalonado y Disuasivo:
    • Amonestación Pública: Por incumplimientos leves o primera vez.
    • Multas Millonarias Progresivas: Aquí radica la disuasión efectiva. Las multas deben ser significativas, deducidas directamente de la dieta parlamentaria. Por ejemplo, una multa del 10%, 25% o 50% de la dieta mensual por reincidencias o incumplimientos graves. El carácter millonario de la sanción (en relación a su alto salario) busca impactar directamente en el interés patrimonial del infractor, dejando de ser un mero “costo operativo”.
    • Inhabilitación Superveniente: El incumplimiento reiterado y grave de estas obligaciones, verificado por el Defensor del Ciudadano-Congresal y ratificado por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), debe conducir a la pérdida del cargo (vacancia) y a una inhabilidad para postular a cualquier cargo de elección popular por un período de 5 a 10 años.

3. Estatuto de Control Ciudadano Directo:

  • Revocatoria de Mandato (Recall): Implementación de un mecanismo reglado que permita a un porcentaje de los electores de un distrito (ej., 25%) solicitar la destitución de su representante a mitad de período, sometiéndolo a una nueva elección.

Conclusión: Restaurar el Principio de Servicio

La implementación de este “Modelo de Congreso Fiduciario” no es una mera reforma, sino una refundación del pacto representativo. Combina el incentivo negativo de las multas millonarias y la pérdida del cargo con el incentivo positivo de la renovación y el vínculo comunitario. Transforma el escaño de un privilegio vitalicio en un servicio honorífico, temporal y de altísima exigencia. Las multas millonarias y la vacancia por incumplimiento no son una venganza contra la clase política; son el necesario mecanismo coercitivo para hacer cumplir un contrato que ha sido sistemáticamente violado. Solo así, devolviendo el poder de vigilancia y sanción real al soberano, se podrá parar los excesos de poder y reconstruir un Congreso que, por fin, represente de verdad a los ciudadanos que le pagan su salario.

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